LA APPO, LA SECCIÓN 22 Y EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

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Compartimos la ponencia íntegra que el compañero Carlos Fazio hizo durante su intervencion en la conformacion del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.

Le hacemos un agradecimiento por permitirnos publicarla en este espacio.

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OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS

13 y 14 de Junio, Oaxaca, México de 2016

Sobre la APPO, la Sección 22 y es Estado de excepción

Carlos Fazio

Hace diez años, aquí, en Oaxaca, el sátrapa Ulises Ruiz, gobernador surgido de un fraude electoral, impuso un virtual estado de excepción y guerra interna contra toda la población. Al frente de una administración caciquil y autoritaria, Ruiz canceló de facto las garantías constitucionales de libre tránsito, manifestación, organización y expresión, y violó de manera sistemática y permanente los derechos humanos fundamentales.

Entre junio y noviembre de 2006, para reprimir las justas demandas gremiales de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el amplio espacio de unidad y participación ciudadana que surgió en apoyo del magisterio tras el brutal operativo de desalojo del plantón que realizaban los maestros en el Zócalo, Ulises Ruiz recurrió a los viejos usos gansteriles de dominación priísta, combinándolos con tácticas contrainsurgentes típicas del terrorismo de Estado, al aplicar la violencia institucional a través de los aparatos represivos locales, legales e ilegales, públicos o clandestinos (escuadrones de la muerte, sicarios y matones a sueldo) con la intención de destruir una incipiente alianza opositora que sentaba las bases para un poder dual; un doble poder de los de abajo.

Entonces como hoy, el tirano Ulises Ruiz utilizó fuerzas de elite de la policía local −provistas de escudos, cascos, chalecos antibalas y macanas y apoyados por un helicóptero que arrojó decenas de granadas de gas mostaza durante tres horas, para reprimir maestros e integrantes de organizaciones populares que los enfrentaron con piedras y palos.

Un 21 de junio, hace diez años, ante la acumulación de agravios y en respuesta al autoritarismo represivo del régimen, surgió un amplio movimiento de masas que, como fuerza social en ascenso, construida desde abajo −que contenía en su seno un complejo y hasta contradictorio racimo de organizaciones sistémicas y antisistémicas, junto a vecinos y colonos sin experiencia de lucha anterior−, rebasó los límites del conflicto magisterial e instaló la lucha en un marco más amplio. Los maestros de la Sección 22, organizaciones sindicales, de indígenas, estudiantiles, ayuntamientos populares, comités de padres de familia y colonos resolvieron crear la APPO como espacio de discusión, toma de decisiones y organización, con el objetivo de restituir al pueblo su soberanía de elegir y decidir sobre sus representantes.

Expresión unitaria del campo popular, la APPO encarnó entonces a nivel estatal −no sólo en esta ciudad capital− un amplio movimiento autonómico y de autodefensa comunitaria, ciudadana, barrial, sindical, municipal, ejidal. A partir de una hábil política de alianzas, logró construir una red de redes que llevó adelante acciones de resistencia y desobediencia civil pacífica. El movimiento se caracterizó, además, por tener una dirección colectiva y una práctica de funcionamiento horizontal para la toma de decisiones, todo lo cual, a partir de una discusión democrática y una labor organizada regida por una disciplina consciente, supo reflejar una unidad de acción.

Se trató de un movimiento asambleario de nuevo tipo, que durante varios meses desarrolló una práctica social autogestionaria y contenía en su seno gérmenes de poder popular; de un doble poder. A pesar de su corto tiempo de gestación y merced a su ejemplo de sacrificio, compromiso, tenacidad, iniciativa y creatividad, la APPO contribuyó a elevar los grados de conciencia, organización y métodos de dirección de miles de oaxaqueños que hasta ese momento no habían recorrido los senderos de la participación y la resistencia civil activa. Por eso la clase dominante quiso destruirlo.

Entonces, como ocurre ahora con las detenciones arbitrarias de los dirigentes de la Sección 22 Rubén Núñez y Francisco Villalobos, y con el desalojo violento del plantón que la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, que sostenían profesores inconformes frente a las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), a través de los medios de difusión masiva se desplegó una nueva guerra sucia informativa contra la APPO.

Utilizando métodos de la guerra psicológica y un uso perverso del lenguaje, desde los círculos de poder, estatal y federal, se intentó entonces destruir a la APPO, como se hace ahora con las secciones disidentes del magisterio nacional en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tabasco, Hidalgo, San Luis Potosí, estado de México y la Ciudad de México. Entonces como hoy, se buscó convertir a las víctimas en victimarios, para criminalizarlos y así poder manufacturar un consenso en la llamada opinión pública que encuentre “justificado” y “lógico” un eventual golpe quirúrgico o una acción represiva de gran envergadura, cuyo único fin sería destruir a la Coordinadora, como vanguardia en la coyuntura de un amplio movimiento popular y democrático, que, como los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional del Poder Popular (MNPP),integrado por organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicales, estudiantiles, magisteriales y populares, a partir de sus distintas formas de resistencias y métodos de lucha, enseñan el camino de la resistencia civil a otros mexicanos, de cara a un régimen que ya sin tapujos, asomo su rostro protofascista y monetarista.

Igual que hace diez años, en la coyuntura Oaxaca exhibe la crisis del sistema de dominación en México, incluidas sus instituciones, que responden a los intereses de la clase en el poder. Se trata de una crisis nacional, donde se está cuestionando todo un sistema económico, político, jurídico y social, que basado en la superexplotación, el saqueo, la corrupción, la impunidad, el fraude electoral y la antidemocracia, sólo puede mantenerse en el poder mediante la represión.

Fue frente a ese estado de cosas, que en 2006 surgió la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, como un embrión de poder popular que se fue transformando de manera acelerada de un modelo de organización inicialmente defensivo en una propuesta orgánica de tipo horizontal y asamblearia, donde, con eje en una amplia política de alianzas y órganos de dirección colectiva, practicó la democracia directa. Se trató de un movimiento plural y diverso, participativo, autonómico, autogestionario, que, a partir de una fecunda resistencia civil en los plantones y las barricadas, se fue autodeterminando y ciudadanizando en el ejercicio concreto de la soberanía popular. Cabe expresar, también, que fue a la vez el resultado de un largo proceso de acumulación de fuerza producto de las luchas comunales, regionales y sectoriales que se habían venido registrando en el territorio oaxaqueño.

Como un escalón más en ese proceso de lucha, en su congreso constitutivo, los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2006, la APPO decidió transformar la revuelta popular en una revolución pacífica, democrática y humanista. También definió el carácter antimperialista, anticapitalista y antifascista del movimiento. Si bien sus objetivos inmediatos eran la caída de Ulises Ruiz, el cese de la represión y la salida de la Policía Federal Preventiva del estado, al mismo tiempo, la APPO se planteaba impulsar la transformación profunda y transversal del régimen autoritario, para generar un nuevo pacto social y las reformas necesarias que permitieran transformar las instituciones y sentar las bases para la creación de una asamblea constituyente que elaborara una nueva constitución bajo la premisa de la transparencia, la rendición de cuenta y la revocación del mandato.

Buena parte de aquellos objetivos no pudieron cumplirse. Pocos días después, la revuelta popular pacífica de la comuna de Oaxaca fue reprimida salvajemente. Ulises Ruiz permaneció en el poder por una decisión política adoptada en el periodo de transición por Felipe Calderón, quien logró consensuar con Vicente Fox el envío de la Marina de Guerra, elementos de inteligencia militar y tropas de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación (AFI) para evitar su caída.

A la acción represiva del Estado a través de sus órganos coercitivos local y federal, siguieron el encarcelamiento selectivo de algunos de sus dirigentes, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la incomunicación de los detenidos, el uso sistemático de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidas agresiones sexuales a hombres y mujeres y un largo etcétera.

El intento de desactivación y desmantelamiento de la APPO se llevó a cabo desde una óptica eminentemente militar. La perspectiva castrense supone la eliminación del “enemigo” por cualquier medio. Pero para la eliminación del “enemigo interno” (o “antipatriota”, como sinónimo de “vándalo”, “extremista” o “subversivo”) es necesario fabricar un consenso. A ello estuvo encaminada la propaganda maniquea (amigo-enemigo) del nuevo régimen calderonista, en alianza con el sátrapa Ruiz y la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Mediante una campaña de saturación a través de los medios masivos de comunicación, en particular los electrónicos, se logró construir parcialmente una visión confabulatoria de la realidad; la imagen de que el movimiento popular impulsado por la APPO era culpable del “caos” que imperaba en la entidad.

Diez años después, Oaxaca sigue siendo un ejemplo de la resistencia en este México que contiene a muchos Méxicos. Parafraseando a Luis Hernández, el “Santo Niño de la APPO” reapareció en estos días en Oaxaca, y junto a la “Virgen de las Barrikadas” encabezaron la multitudinaria marcha del magisterio y los padres de familia del pasado 27 de mayo. La hazaña de reavivar y relanzar la movilización de los maestros, es obra de la capacidad de resistencia y organización de los propios docentes. Pero su conversión en fuerza popular tiene que ver con la inescrupulosa ofensiva gubernamental, federal y estatal, contra la Sección 22, después del golpe de mano en el Ieepo, la militarización de la ciudad capital, el encarcelamiento de algunos dirigentes sindicales, a los que se suman ahora los de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, y el anuncio por el policía Aurelio Nuño del despido de mil 400 maestros.

Es pertinente aclarar que el embate gubernamental contra la CNTE en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tabasco y otros lugares de la República tiene que ver con una guerra de espectro completo diseñada por el Pentágono al servicio del capitalismo criminal y militarizado de nuestros días en el orbe.

Benjamin, Agamben y la excepción como regla

Como una derivación del régimen de Calderón, México viviría una grave crisis humanitaria, producto de una deliberada política estatal que buscaba imponer un nuevo modelo autoritario de seguridad. En el marco de la “guerra” de Felipe Calderón contra grupos de la economía criminal, el tránsito hacia un nuevo Estado de corte policíaco-militar estuvo sustentado de facto en medidas propias de un Estado de excepción y prácticas de tipo contrainsurgente, mismas que fueron apoyadas y legitimadas desde los medios de difusión masiva bajo control monopólico privado −en particular los electrónicos− a través de la construcción social del miedo y la fabricación de enemigos míticos y elusivos que operaron como distractores, tales como el populismo radical y el narcoterrorismo.

En forma paralela al acelerado proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización del país, y de acuerdo con planes de alcances geopolíticos elaborados por sucesivos gobiernos de la Casa Blanca en Washington, el bloque de poder dominante en México fue imponiendo un reordenamiento capitalista del territorio nacional que, con eje en megaproyectos contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Plan Puebla Panamá, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, incluyó a la tierra como mercancía y el saqueo de recursos (entre ellos petróleo, gas, agua, biodiversidad, minerales) por compañías multinacionales, de capital nacional y extranjero.

Como se dijo antes, la violencia estructural es consustancial al sistema capitalista. Desde sus orígenes el capitalismo ha sido depredador y salvaje. Pero según Walter Benjamin y Giorgio Agamben, desde la Primera Guerra Mundial el “estado de excepción” devino en la regla. Para ambos, el “estado de excepción” no es el que impone el poder soberano para suspender el Estado de derecho y doblegar la rebelión que subvierte el orden establecido; se refieren al estado de excepción “permanente” que sufren los oprimidos y las víctimas de la historia, incluso dentro del Estado de derecho, que no de justicia.

Según Agamben, vivimos en el contexto de lo que se ha denominado una “guerra civil legal”, forma de totalitarismo moderno que recurre al estado de excepción y que operó tanto para el régimen nazi de Adolfo Hitler como para los poderes de emergencia concedidos por el Congreso de Estados Unidos al presidente George W. Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Una de las tesis centrales de Agamben es que el estado de excepción, ese lapso −que se supone provisorio− en el cual se suspende el orden jurídico, durante el siglo XX se convirtió en forma permanente y paradigmática de gobierno.

Para el filósofo italiano el estado de excepción contemporáneo no tiene como modelo la dictadura de la antigua Roma, sino que imita a otra institución romana, el iustitium, una suspensión de todo orden legal que creaba un verdadero vacío jurídico. El actual estado de excepción no tiene nada de constitucional, y al suspender toda legalidad deja al ciudadano a merced de lo que Agamben llama “poder desnudo”. Estaríamos frente a un cambio de paradigma, donde la excepción hace desaparecer la distinción entre la esfera pública y la privada. En ese esquema, el Estado de derecho es desplazado de manera cotidiana por la excepción, y la violencia pública queda libre de atadura legal. El nuevo paradigma de “gobierno” que hace de la excepción la norma elimina toda distinción entre violencia legítima e ilegitima, con lo que queda pulverizada la noción weberiana del Estado.

Igual que en Auschwitz y otros campos nazis, donde lo que ocurría era algo más allá de lo que pudiera considerarse, una bestialidad, bajo el estado de excepción permanente instaurado por Bush −y reproducido por Barack Obama y otros gobiernos occidentales en nombre de los imperativos de seguridad−, se puede matar sin que signifique delito; por decreto.

Agamben dice que en el capitalismo actual estamos sometidos a una nuda vida (vida natural) y expuestos a ser exterminados como “piojos” (tal y como decía Hitler respecto a los judíos) por la biopolítica, debido a “la creciente implicación de la vida natural del hombre en los mecanismos y cálculos del poder”.

Si el enemigo es tratado como una no-persona, como una bestia, se le puede exterminar a la manera de “la solución final” nazi. Para Agamben el estado de excepción no es un accidente dentro del sistema jurídico, sino su fundamento oculto. Hannah Arendt habló de la banalización del mal, en el sentido de una naturalización o normalización de acciones indudablemente criminales.

Podríamos concluir que bajo el estado de emergencia permanente no declarado de Felipe Calderón −con sus decapitados, sus muertos torturados semidesnudos y sus fosas comunes−, la excepción se convirtió en regla. Y como regla duradera, la excepción hace que todo sea posible.

Jakobs y la animalización del Otro, ese enemigo

Una noción no visibilizada, cuyo ocultamiento ha servido para generar mayor confusión durante el estado de excepción permanente no declarado del régimen de Calderón, es la que alude al “derecho penal del enemigo”. Tal noción, que tiene que ver con los discursos que dan forma a la relación entre la guerra y el control social penal −y sus consecuencias en el marco de los modos del mantenimiento del orden interior del Estado mexicano actual−, deriva de la transformación de los vínculos entre las categorías “enemigo” y “criminal”, entidades fundamentales de la guerra y del derecho penal, respectivamente.

La terminología derecho penal del enemigo (Feindstrafrecht), fue acuñada por Günther Jakobs como un concepto opuesto al “derecho penal del ciudadano”, y tiende a legalizar la posibilidad de privar a seres humanos de su condición de personas. Bajo esa denominación, Jakobs se refiere a aquellas normas jurídicas excepcionales, de combate, caracterizadas por un incremento de las penas y la supresión de garantías jurídicas, únicamente aplicables a los enemigos o no-personas (Unpersonen).

Para el controvertido catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Bonn, los ‘enemigos’ son terroristas o integrantes de la “criminalidad” organizada (incluidos traficantes de drogas y de personas), individuos que han “abandonado” el Derecho por tiempo indefinido y suponen una amenaza a los fundamentos de la sociedad que constituye el Estado. Mediante el derecho penal del enemigo, el Estado ya no dialoga con ciudadanos, sino que combate a sus enemigos. Combate “peligros”. Como podría ser el caso en la coyuntura el encarcelamiento con delitos inventados de los dirigentes de la CNTE Rubén Núñez y Francisco Villalobos.

La distinción entre las categorías ‘enemigo’ y ‘criminal’, establece que el segundo es un ciudadano que si delinque transgrede la ley y su estatuto de ciudadano es respetado cuando le es garantizado un procedimiento judicial acorde a las normativas legales. Pero en tanto enemigo, al individuo se le niega su condición de ciudadano, de persona, y se le puede someter a una coacción no regulada por el derecho.

Para los críticos de Jakobs, sometido al derecho penal del enemigo, el estatuto del detenido queda sujeto a una ambigüedad entre delincuente y prisionero de guerra. Pero dado que un determinado individuo (el enemigo) es peligroso, si no se le neutraliza, habrá que lamentar en el futuro un hecho delictivo. En ese sentido, se podría afirmar que el derecho penal del enemigo es, en puridad, un derecho penal de medidas de seguridad, semejante a un cuasi estado de guerra.

El Estado decide quién es el “enemigo interno”, y al ser declarado como tal un individuo es colocado “fuera de la ley”. Al negársele al enemigo la calidad de hombre, de persona, se transforma en algo más bien parecido a un monstruo o una bestia. Los enemigos del sistema estarían en un estado de naturaleza. El enemigo es un ser limítrofe. Una ‘vida desnuda’ que se encuentra fuera de la ley y de la humanidad y con la cual no hay acuerdo posible, al que se debe derrotar incluso mediante la coacción física y la tortura (Guantánamo) y/o eliminar. Una vida de la que se puede disponer libremente al punto de que se le puede dar muerte sin que sea necesario cumplir con los procedimientos legales instituidos y sin que ello constituya un homicidio.

Desde la óptica estadunidense impuesta al mundo por la administración Bush tras el 11/S/2001, un terrorista (pensemos en Osama Bin Laden) o un presunto capo del crimen organizado en el México de Felipe Calderón (verbigracia Arturo Beltrán Leyva), convertidos en monstruos inhumanos o animales peligrosos, no sólo deben ser combatidos sino definitivamente aniquilados. Exterminados. Igual ha venido ocurriendo durante el régimen de Enrique Peña Nieto: los casos Tlatlaya y Tanhuato son sólo dos trágicas muestras.

“El enemigo −dice el penalista argentino Raúl E. Zaffaroni−, es una construcción tendencialmente estructural del discurso legitimante del poder punitivo”. Y como se dijo, citando a Agamben y Benjamin, “el estado de excepción (como la matriz oculta del espacio político en el que vivimos) es hoy la regla”. Pero además, el derecho penal del enemigo se aplica en una “sociedad del espectáculo” donde los discursos massmediáticos han pasado a formar parte fundamental en la construcción del espacio público.

Según Jakobs, el elemento central para determinar la “peligrosidad” del criminal reside en lo que él llama “seguridad cognitiva”. Es decir, la expectativa que se tiene respecto de la conducta del otro. Sólo que Jakobs ignora de manera peligrosa, que la denominada sensación de inseguridad (o miedo al delito) es una construcción social, que por lo general responde a matrices de opinión sobre el crimen y la justicia, sembradas por fuentes gubernamentales en los medios de difusión masiva, y reproducidas de manera acrítica y generalmente de modo maniqueo, selectivo y sensacionalista.

Durante el estado de “guerra” permanente de Calderón −la excepción convertida en regla−, México avanzó de manera progresiva hacia la configuración de una matriz de sentidos caracterizada por el desprecio de las formas y los procedimientos y principios básicos del derecho penal moderno, sobre todo del principio de culpabilidad (que supone sancionar al infractor por el hecho cometido y no por la peligrosidad que el sujeto pueda mostrar hacia el futuro), una inobservancia premeditada y consciente, en tanto tiene como destinatario a enemigos (no personas) y su finalidad es eliminar peligros. Exterminarlos.

Una filosofía que en el plano bélico de la cruzada calderonista contra el “mal”, llevó a la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra personas que no participaban directamente en las hostilidades, verbigracia, ejecuciones sumarias extrajudiciales, diversas formas de homicidios, tratos crueles y torturas, la mutilación de presuntos enemigos como forma de intimidación, la desaparición forzada de personas, ataques paramilitares a centros de rehabilitación de enfermos bajo la modalidad de “limpieza social”, violaciones de mujeres y niñas… Una ordalía de violencia y sangre que continúo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Crímenes que, debido a que no están claramente tipificados en la legislación penal mexicana y no pueden encontrar justicia en las instancias nacionales, han sido sometidos a la consideración de la Corte Penal Internacional de acuerdo con el Estatuto de Roma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distintas comisiones ad hoc sobre desaparición forzada y tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

El capitalismo criminal y el despojo

Lo anterior guarda relación con el hecho de que desde finales de los años setenta del siglo pasado asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista. Una fase que remite a la acumulación primitiva u
originaria descrita por Karl Marx en el capítulo 24 de El capital (basada en la depredación, el robo, el fraude y la violencia), y que a comienzos de esta nueva centuria el geógrafo teórico marxista David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” o despojo,2 lo que junto con la financiarización y reprimarización de la economía, implica una mercantilización y privatización de territorios, incluidos la tierra y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de sus tierras comunales o bajo propiedad ejidal en beneficio de grandes corporaciones trasnacionales, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada (matable, diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud.

Del nuevo “arreglo espacial” se deriva que la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades, y que en momentos de crisis sistémica como al que asistimos en el segundo decenio de este siglo el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio. Una violencia que desde antes de los atentados terroristas de 2001 en Nueva York (11/S) estaba justificada en una práctica política basada en la dicotomía amigo/enemigo como coartada para crear un estado de excepción en muchos lugares del planeta.

El 11/S agudizó esa política ya en curso y generó un nuevo “discurso civilizatorio” sobre la guerra, el enemigo y el terror diseñado por la administración de George W. Bush para justificar ocupaciones e intervenciones neocoloniales como en Afganistán e Irak. Lo que puso en juego nuevas valoraciones y debates académicos sobre los modos de entrelazamiento de nociones tales como violencia y derecho, por un lado, y soberanía y excepción, por otro, que a su vez remiten a ideas sobre la normalización del horror y al hecho avizorado de manera temprana por Walter Benjamin3 de que el estado de emergencia no era la excepción sino la regla para los oprimidos.4

Con base en la normalización de la excepción, Achille Mbembe propuso una nueva categoría, la necropolítica, que exhibe la lógica de la política capitalista de nuestros días como “administración y trabajo de muerte”.5 Lo que nos introduce en fenómenos contemporáneos como la instrumentalización generalizada de la existencia humana y la destrucción material de cuerpos y poblaciones humanas juzgados como desechables y superfluos.

Así, según Mbembe, poblaciones enteras, cuerpos y enemigos son ubicados espacialmente en neocolonias cuya administración se da bajo una lógica de guerra que legitima la expropiación del territorio y la distribución y explotación de sus habitantes, en un mundo que se acaba con el límite de la muerte. Y si bien el modelo de colonia contemporánea que plantea este autor es el del nuevo apartheid instrumentado por Israel sobre la población palestina en los territorios árabes ocupados, vemos que se replica en amplios espacios territoriales de Colombia y México, merced a políticas institucionales de depredación, terror y muerte aplicadas por los gobiernos neoliberales de Álvaro Uribe y Felipe Calderón, continuadas por sus sucesores.

En realidad, dichas estrategias formaban parte de un renovado plan estadounidense de apropiación de territorios y refuncionalización del espacio en el Hemisferio Occidental, al servicio del gran capital trasnacional, que incluía una serie de megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etc.) e iba acompañado de un proceso de reingeniería militar post Panamá.9 A través del Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá, impulsados por la administración de Bill Clinton desde finales del siglo xxi, Estados unidos desplegó una nueva forma de guerra encubierta y de ocupación neocolonial, que como resumió en 2007 el Observatorio latinoamericano de Geopolítica, buscaba “transformar el territorio; adecuarlo a las nuevas mercancías, a las nuevas tecnologías y los nuevos negocios. Cuadricularlo, ordenarlo, hacerlo funcional y… productivo”.10

En ese contexto, cabe resaltar que la guerra y el terror son instrumentos clave al servicio de una forma de acumulación violenta, que ocurre al interior de paraestados donde operan formas de poder paralelas, pero articuladas al marco institucional (parainstitucionalidad ), en cuyo seno fracciones “pragmáticas” del bloque de poder hegemónico han delegado parte de la regulación y el control territorial de zonas de importancia económica y geopolítica (espacialidad), a aparatos represivos extralegales (paramilitarismo), que pueden llegar a constituir auténticos brazos armados complementarios que actúan en cohabitación o franca complicidad con las distintas corporaciones de las fuerzas militares del Estado (fuerzas armadas y distintas formas de policías militarizadas), al servicio de la nueva fase de acumulación capitalista.22 la irrupción de las nuevas formas de acumulación legales que muchas veces derivan de actividades ilegales (el lavado de dinero es la legalización de recursos negros a cambio de una cuota o porcentaje) ha propiciado una nueva geografía del capital generada a partir de una violencia criminal que es utilizada para la ocupación de nuevos territorios, así como para la desocupación o reocupación de otros. Ello explica, también —al igual que en Colombia—, la imbricación de las fuerzas militares y policiales mexicanas con agrupaciones de civiles armados (paramilitares, grupos de la economía criminal), y de éstos con empresas e instituciones bancarias y financieras trasnacionales, para darle un cauce “legal” e “institucional” al actual proceso de acumulación por despojo.

En el caso mexicano, la guerra asimétrica de Felipe Calderón tuvo por objetivo destruir mediante la violencia y el terror el tejido social comunitario y generar desplazamientos forzosos de población en amplias zonas del país consideradas económicamente estratégicas por el gran capital, como paso previo a una reconstrucción y un reordenamiento territorial y poblacional que, con base en la aprobación de la cuarta generación de medidas neoliberales durante el mandato de Enrique Peña Nieto —en particular la contrarreforma energética—, diera paso a una posterior enloquecida carrera trasnacional para el despojo.
La dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Calderón tuvo su continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 de Peña Nieto, y fue reconfirmada en sus 10 medidas de acción en materia de legalidad y justicia anunciadas por el propio jefe del Ejecutivo en noviembre de 2014, donde se establecía que el Gabinete de Seguridad implementaría un “operativo especial” en la zona de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, y una estrategia de “desarrollo integral” en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, consistente en crear tres zonas económicas especiales: 1) el Corredor Industrial Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec (que conectará al Pacífico con el Golfo de México); 2) Puerto Chiapas, y 3) Puerto lázaro Cárdenas, en los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero.23 Con financiamiento de la banca de desarrollo y el sector privado, dichas inversiones incluían importantes autopistas (como la que conecta Michoacán con Puerto Chiapas) y la modernización de Tuxtla Gutiérrez, y obras de infraestructura y gasoductos (como la que va de Salina Cruz a Tapachula, que permitirá introducir por primera vez gas natural en México).

Salvo Puebla, la iniciativa de ley presidencial lanzada finalmente por Peña Nieto desde Puerto Chiapas el 29 de septiembre de 2015, y aprobada por el Congreso en mayo de 2016, incluye a los otros ocho estados del sur-sureste mexicano del Plan Puebla Panamá original. Publicitado como un “plan innovador de desarrollo”, la iniciativa evidencia que la nueva fase de desposesión o despojo tiene como blanco prioritario territorios ricos en recursos naturales y materias primas y donde están asentados pueblos originarios y existen proyectos de resistencia contra hegemónicos y autonómicos.

De la mano del despojo que viene anticipamos una nueva fase de violencias de Estado en México, de allí la urgencia de crear este Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos que hoy nos convoca.

¡Libertad para los presos políticos de la CNTE, y a seguir creando y profundizando poder popular!